El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pidió que se investigue si el condenado por delitos de lesa humanidad violó el arresto domiciliario. Se solicitó además que, de comprobarse la irregularidad, se tomen las medidas necesarias.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, realizó una presentación ante la Fiscalía General del tribunal oral federal de la ciudad de Santa Fe por el caso de presunta violación del arresto domiciliario por parte de Mario José Facino, “quien fue condenado en dos oportunidades, hasta el momento, por la comisión de gravísimos delitos de lesa humanidad”, según se indica en la presentación.
En el escrito, que lleva la firma del secretario de Derechos Humanos, Horacio Andrés Coutaz, se explican en forma detallada los hechos denunciados y se solicita que, de ser probados los mismos y de corresponder, se peticione la revocación del beneficio del arresto domiciliario del que goza Facino.
Este escrito se suma a una serie de medidas solicitadas en el marco del programa provincial de protección y acompañamiento de testigos y querellantes. En este sentido se menciona que “no es menos importante el efecto que sobre testigos, víctimas y querellantes provocan este tipo de situaciones que pueden afectar su seguridad e integridad física y psíquica, impidiendo o restringiendo la posibilidad de brindar libre y autónomamente su declaración testimonial durante el desarrollo de los juicios que se encuentran en la etapa de instrucción o próximos a debatirse en audiencias orales y públicas”.
En otras presentaciones en causas por delitos de lesa humanidad, la Secretaría de Derechos Humanos ha sugerido “la adopción de medidas en relación a los imputados y/o condenados que tiendan a proteger la integridad psicofísica de los testigos y querellantes, antes, durante y después del debate oral. Si bien esa situación corresponde a un derecho propio de los imputados y/o condenados, es criterio de este programa que se debe tener en cuenta el tipo de delitos cometidos, la significación política de los juicios al terrorismo de estado y, en este caso, la existencia de una gran cantidad de procesados en causas conexas y de participantes en el aparato de terror manejado desde el Estado durante la dictadura, que podrían tener interés en la afectación de las causas”.
En enero pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe que se tomen medidas restrictivas en relación a las salidas transitorias concedidas a Víctor Brusa, Eduardo Ramos y María Eva Aebi, condenados por delitos de lesa humanidad, en virtud del impacto que estos beneficios representan para víctimas, testigos, querellantes y familiares.
En dicha presentación, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó se le informe cualquier resolución o disposición que modifique las condiciones o modalidades de detención de imputados y condenados por delitos de lesa humanidad. Asimismo, pidió que se ordene el control de las salidas transitorias a la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En la presentación radicada el día de hoy se detalla que el 13 de febrero de 2012 en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se recibió una comunicación telefónica alertando sobre la presencia del condenado Mario José Facino tomando un café en el bar de un supermercado de Colastiné Norte, sobre la Ruta Provincial N° 1. Tras esta comunicación, se hicieron verificaciones en el momento que derivaron en la presentación judicial que se realizó en el día de la fecha.
Vale recordar que Facino, ex presidente comunal de San José del Rincón, fue condenado en el marco de dos juicios de lesa humanidad, la llamada causa Brusa, en diciembre de 2009, y la que se labró por el homicidio de Alicia López, en agosto de 2010. La justicia federal le concedió el beneficio del arresto domiciliario por razones de edad.
Este escrito se suma a una serie de medidas solicitadas en el marco del programa provincial de protección y acompañamiento de testigos y querellantes. En este sentido se menciona que “no es menos importante el efecto que sobre testigos, víctimas y querellantes provocan este tipo de situaciones que pueden afectar su seguridad e integridad física y psíquica, impidiendo o restringiendo la posibilidad de brindar libre y autónomamente su declaración testimonial durante el desarrollo de los juicios que se encuentran en la etapa de instrucción o próximos a debatirse en audiencias orales y públicas”.
En otras presentaciones en causas por delitos de lesa humanidad, la Secretaría de Derechos Humanos ha sugerido “la adopción de medidas en relación a los imputados y/o condenados que tiendan a proteger la integridad psicofísica de los testigos y querellantes, antes, durante y después del debate oral. Si bien esa situación corresponde a un derecho propio de los imputados y/o condenados, es criterio de este programa que se debe tener en cuenta el tipo de delitos cometidos, la significación política de los juicios al terrorismo de estado y, en este caso, la existencia de una gran cantidad de procesados en causas conexas y de participantes en el aparato de terror manejado desde el Estado durante la dictadura, que podrían tener interés en la afectación de las causas”.
En enero pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe que se tomen medidas restrictivas en relación a las salidas transitorias concedidas a Víctor Brusa, Eduardo Ramos y María Eva Aebi, condenados por delitos de lesa humanidad, en virtud del impacto que estos beneficios representan para víctimas, testigos, querellantes y familiares.
En dicha presentación, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó se le informe cualquier resolución o disposición que modifique las condiciones o modalidades de detención de imputados y condenados por delitos de lesa humanidad. Asimismo, pidió que se ordene el control de las salidas transitorias a la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En la presentación radicada el día de hoy se detalla que el 13 de febrero de 2012 en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se recibió una comunicación telefónica alertando sobre la presencia del condenado Mario José Facino tomando un café en el bar de un supermercado de Colastiné Norte, sobre la Ruta Provincial N° 1. Tras esta comunicación, se hicieron verificaciones en el momento que derivaron en la presentación judicial que se realizó en el día de la fecha.
Vale recordar que Facino, ex presidente comunal de San José del Rincón, fue condenado en el marco de dos juicios de lesa humanidad, la llamada causa Brusa, en diciembre de 2009, y la que se labró por el homicidio de Alicia López, en agosto de 2010. La justicia federal le concedió el beneficio del arresto domiciliario por razones de edad.